Una denuncia necesaria, que dejará atónito al lector. Un buen ejemplo de cómo, en ocasiones, la realidad supera las más oscuras ficciones. Desde que los presidentes de Gobierno de España y Portugal, Felipe González y Mario Soares, lograron que la Comunidad Europea considerara la prevención de incendios en los edificios la segunda prioridad del sector de la construcción y pidiera que se destinara un 5 por 100 del presupuesto a proteger los elementos estructurales, los conductos de ventilación y los núcleos de los ascensores de los rascacielos, el asunto se convirtió en un gran negocio para centenares de empresarios, incluidas multinacionales. La falta de controles por parte de la Administración, la baja calidad de los laboratorios de ensayos de materiales ignífugos, el empleo de sustancias retardantes en la propagación del fuego que no lo son, el uso de certificaciones falsificadas o manipuladas al alza y la piratería de empresarios desaprensivos en el sector de la protección pasiva han convertido muchos rascacielos españoles y otros inmuebles de uso público masivo (hospitales, colegios, centros comerciales, etc.) en verdaderos lanzallamas, casi polvorines, donde se ha primado más la especulación y el dinero fácil que la vida humana de los usuarios y los bienes materiales a salvaguardar.
